Una vez emitida la Constitución en 1917 y hasta nuestros días, la educación en México ha estado cifrada en el trabajo de los profesores, pero generalmente como simples instructores –se les decía hasta hace poco transmisores del conocimiento– para remarcar su condición de repetidores exactos de ciertos saberes, no como generadores del mismo y casi nunca como creadores de su propio trabajo, pero eso sí, considerándolos únicos responsables de cualquier atraso o irregularidad en la formación de sus educandos.

 

En el año de 1921, al crearse la Secretaria de Educación Pública, José Vasconcelos, como función inicial de ese Ministerio, fincó las bases para la educación de todos los niños y la tarea de enseñar a leer y escribir a la mayoría de los mexicanos; para lograrlo, ideó dos apoyos: la impresión masiva de libros con textos clásicos, como material de lectura, y siendo insuficientes los egresados de la Escuela Nacional de Maestros y las escuelas similares de provincia, para realizar esa misión educativa, recurrió a quienes con estudios básicos pudieran cumplir ese trabajo.

 

Veinte años después, no fue Vasconcelos, sino el que antes fuera su secretario particular Jaime Torres Bodet, quien retomó el avance de la SEP, que para ese momento había que continuar la tarea alfabetizadora y ofrecer a los veintiséis mil profesores emergentes una opción que les permitiera certificar su formación como maestros con elementos mejor estructurados, en justo derecho al haber llevado la educación a regiones casi incomunicadas en todo el territorio nacional. Pero, ¿cómo fue posible?